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Orencio Vázquez es, desde el año 2004, el Director delObservatorio de RSC de España, una organización de referencia en cuanto al impulso de la educación y divulgación de la Responsabilidad Social. En una entrevista realizada por el Diario Responsable, Orencio Vázquez expone su visión sobre el rol que puede tener la RSC en la solución de la actual crisis española.
¿Hasta qué punto la RSC podría haber evitado o suavizado la crisis actual?
Si no la RSC sí una orientación clara de un modelo sostenible con sus tres parámetros necesarios: económico, social y ambiental. La situación actual se ha producido por la inexistencia de un proyecto de futuro. Se ha construido un modelo económico ficticio en sectores de bajo valor añadido y de ahí que tengamos 6 millones de parados, una masa laboral deficiente educativamente y un alto impacto ambiental, sobre todo en la costa. Se invirtió en sectores con grandes ganancias a corto plazo pero escasas o nulas a largo plazo y de ahí la carestía actual de ingresos por parte del Estado.
¿Qué papel tiene la corrupción en todo esto?
Muy importante, porque los políticos y los grandes empresarios son un referente social a imitar y porque además la corrupción tiene un impacto social elevadísimo. Si cada transacción estaba grabada con un tanto por ciento en comisiones o dádivas hay una pérdida de riqueza social evidente. Pero no sólo eso: cuando los gestores dirigen sus esfuerzos por intereses espurios, personales o de partido, estos intereses pueden no corresponderse con el interés general. Pongamos un ejemplo: ¿a un gestor corrompible le interesaría invertir en educación o investigación? Pues seguramente no, pues no recibe comisión, cuando probablemente hubiera sido lo conveniente en su ámbito de decisión.
Si no la RSC sí una orientación clara de un modelo sostenible con sus tres parámetros necesarios: económico, social y ambiental. La situación actual se ha producido por la inexistencia de un proyecto de futuro. Se ha construido un modelo económico ficticio en sectores de bajo valor añadido y de ahí que tengamos 6 millones de parados, una masa laboral deficiente educativamente y un alto impacto ambiental, sobre todo en la costa. Se invirtió en sectores con grandes ganancias a corto plazo pero escasas o nulas a largo plazo y de ahí la carestía actual de ingresos por parte del Estado.
¿Qué papel tiene la corrupción en todo esto?
Muy importante, porque los políticos y los grandes empresarios son un referente social a imitar y porque además la corrupción tiene un impacto social elevadísimo. Si cada transacción estaba grabada con un tanto por ciento en comisiones o dádivas hay una pérdida de riqueza social evidente. Pero no sólo eso: cuando los gestores dirigen sus esfuerzos por intereses espurios, personales o de partido, estos intereses pueden no corresponderse con el interés general. Pongamos un ejemplo: ¿a un gestor corrompible le interesaría invertir en educación o investigación? Pues seguramente no, pues no recibe comisión, cuando probablemente hubiera sido lo conveniente en su ámbito de decisión.
Pero los bancos son un actor privado, ¿cómo podemos cambiar su manera de actuación?
El problema no es que los actores sean privados o públicos, pues tenemos el caso de las Cajas, que eran prácticamente públicas. El problema va más allá, pues ambas se comportaron irresponsablemente. Aquí entramos en el papel de los reguladores y de los supervisores y aquí volvemos a la idea anterior. Probablemente no sea necesario o acertado nacionalizar bancos. Probablemente sea más acertado que el Banco de España, que además de función supervisora tiene una capacidad reguladora, hubiese reconducido esas formas de actuación. Por ejemplo, que no hubiese permitido que una caja que llevaba más de un siglo en una provincia cumpliendo una función social abriese cien oficinas en Madrid, entrando a competir con estrategias agresivas y arriesgadas. El Banco de España tiene la potestad de decir a un banco: “Oiga, desinvierta en construcción y hágalo en otra cosa, o si no dótese lo suficiente”, y al parecer no hizo lo suficiente pese a la existencia de informes que lo aconsejaban.
¿Y qué podemos hacer desde la RSC para arreglar este desaguisado?
El problema no es que los actores sean privados o públicos, pues tenemos el caso de las Cajas, que eran prácticamente públicas. El problema va más allá, pues ambas se comportaron irresponsablemente. Aquí entramos en el papel de los reguladores y de los supervisores y aquí volvemos a la idea anterior. Probablemente no sea necesario o acertado nacionalizar bancos. Probablemente sea más acertado que el Banco de España, que además de función supervisora tiene una capacidad reguladora, hubiese reconducido esas formas de actuación. Por ejemplo, que no hubiese permitido que una caja que llevaba más de un siglo en una provincia cumpliendo una función social abriese cien oficinas en Madrid, entrando a competir con estrategias agresivas y arriesgadas. El Banco de España tiene la potestad de decir a un banco: “Oiga, desinvierta en construcción y hágalo en otra cosa, o si no dótese lo suficiente”, y al parecer no hizo lo suficiente pese a la existencia de informes que lo aconsejaban.
¿Y qué podemos hacer desde la RSC para arreglar este desaguisado?
Se necesitan un sinfín de medidas. Hay que introducir medidas regulatorias en el gobierno corporativo porque las que ha habido han sido totalmente insuficientes y hasta escandalosas: los informes de gobierno corporativo no han servido de mucho, porque se ha demostrado que los consejeros independientes no eran independientes, que las políticas de retribuciones se acordaban entre ellos mismos, los sistemas de incentivos se aprobaban por los beneficiarios; se ha financiado a partidos políticos… Hay que ir hacia medidas que fomenten la transparencia para restaurar la confianza, tanto en lo económico como en lo político.
Se necesitan medidas regulatorias más contundentes y evitar actuaciones que generan alarma social como la financiación ilegal de partidos, la amnistía social o que directivos imputados en entidades financieras puedan seguir al mando de estas. 40.000 millones de euros van a ir a sufragar la mala gestión de estos individuos. Necesitamos medidas ejemplarizantes porque hay sensación de impunidad. La lucha contra las malas prácticas debe encararse con decisión y dureza. Este factor es determinante para cambiar la cultura. También generar modelos de participación con las organizaciones implicadas en los procesos. Y transparencia.
Que las empresas publiquen los impactos sociales y medioambientales. Y luego hay que incentivar ciertas medidas para cambiar el modelo productivo. Es ridículo intentar competir con países con mano de obra barata, ni lo vamos a conseguir ni es el camino. Necesitamos políticas que persigan unos objetivos de competitividad sostenible y un modelo de empresa que aporte confianza a sus empleados y no esta sensación de eterna incertidumbre en que vivimos. Empresas que puedan competir en sectores de valor añadido. Inversión en educación. El Estado debe de concebir sus inversiones en función de su valor sostenible. No vamos a conseguir cambiar el modelo construyendo Eurovegas y cambiando la Ley de Costas. Esto podrá generar unos pocos empleos pero no va a generar un modelo sostenible ni de futuro.
Se necesitan medidas regulatorias más contundentes y evitar actuaciones que generan alarma social como la financiación ilegal de partidos, la amnistía social o que directivos imputados en entidades financieras puedan seguir al mando de estas. 40.000 millones de euros van a ir a sufragar la mala gestión de estos individuos. Necesitamos medidas ejemplarizantes porque hay sensación de impunidad. La lucha contra las malas prácticas debe encararse con decisión y dureza. Este factor es determinante para cambiar la cultura. También generar modelos de participación con las organizaciones implicadas en los procesos. Y transparencia.
Que las empresas publiquen los impactos sociales y medioambientales. Y luego hay que incentivar ciertas medidas para cambiar el modelo productivo. Es ridículo intentar competir con países con mano de obra barata, ni lo vamos a conseguir ni es el camino. Necesitamos políticas que persigan unos objetivos de competitividad sostenible y un modelo de empresa que aporte confianza a sus empleados y no esta sensación de eterna incertidumbre en que vivimos. Empresas que puedan competir en sectores de valor añadido. Inversión en educación. El Estado debe de concebir sus inversiones en función de su valor sostenible. No vamos a conseguir cambiar el modelo construyendo Eurovegas y cambiando la Ley de Costas. Esto podrá generar unos pocos empleos pero no va a generar un modelo sostenible ni de futuro.
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fuente: http://www.iarse.org/new_site/site/index.php?put=noticia_detalle&id_noticia=2127
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